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Las Fuerzas Armadas están integradas por hombres y mujeres a los que se les exige la máxima entrega para el cumplimiento de la misión que la Constitución Española les encomienda. Un gran número de ellos, pertenecientes tanto a la Escala de Tropa y Marinería como a los oficiales de Complemento, tienen una relación profesional temporal, establecida mediante un denominado “compromiso”, que se extingue si a los 45 años de edad no adquieren la condición de militar de carrera. 

En los próximos años serán miles los militares temporales que tengan que abandonar las Fuerzas Armadas. Al abandonarlas, no lo harán dentro de un marco de acceso al empleo en la vida civil, previamente establecido por el Ministerio de Defensa, para el cuan deberían haber sido formados. Es más, este tránsito a la vida civil, lo harán en la mayoría de las veces en la más absoluta soledad, sin apoyos individualizados de órganos de apoyo de la administración militar. 

Todos estos militares temporales adquirieron la condición de militar en base a una regulación legal concreta y específica que establecía deberes para el militar; pero también recogía mandatos concretos dirigidos tanto al Gobierno de la Nación como al Ministerio de Defensa. 

Los deberes inherentes a la condición de militar de carácter temporal, finalización de compromiso a los 45 años, han sido cumplidos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el Gobierno y las administraciones no se ha culminado el desarrollo de las medidas para una reincorporación laboral exitosa.

La Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, establecía una serie de medidas para la formación y promoción profesional (Artículos 16, 20 y 21) que, a excepción de las plazas reservadas de acceso a la Guardia Civil, no se han cumplido (obtención de titulaciones y acreditaciones del sistema educativo general, en especial el título de técnico correspondiente a la formación profesional de grado medio; certificados de profesionalidad; tiempo de servicio prestado como militar considerado como mérito en los sistemas de selección para el acceso a la administración pública, convenio con empresas privadas, etc.), se han cumplido parcialmente (plazas reservadas para el acceso a la policía nacional) o se está a la espera de ver su éxito (reserva de plazas en el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera).

También se encuentra incumplido el artículo 135 de la Ley 39/2007, de 19 de  noviembre, de la Carrera Militar, que contenía un mandato directo al Ministerio de Defensa, para que promoviese “la colaboración con las Administraciones Públicas, así como con empresas del sector privado para facilitar el desarrollo del modelo de reservistas voluntarios, su formación e incorporación, en su caso, a las Fuerzas Armadas”, y al Gobierno, para que “promoviese acuerdos con entidades empresariales para que faciliten la incorporación de sus empleados como reservistas  voluntarios y colaboren en la contratación de militares de complemento y militares de tropa y marinería una vez que hayan finalizado su compromiso con las Fuerzas Armadas. En dichos acuerdos se establecerán los beneficios derivados de dichas colaboraciones”.

Por último, el artículo 32.3 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, reiteraba el mandato al Ministerio de Defensa por el cual ” Se ofrecerán a los miembros de las Fuerzas Armadas programas de incorporación a otros ámbitos laborales acordes con su empleo, titulaciones, años de servicio e intereses profesionales. Dichos programas se implantarán por el Ministerio de Defensa en colaboración con las distintas Administraciones Públicas y con el sector privado y se desarrollarán durante la vida activa del militar”.

La Asociación Reservistas Especial Disponibilidad @red45+” está volcando sus esfuerzos en las medidas de reincorporación laboral que pueden ser ejecutadas desde las entidades locales, bien aprovechando convenios ya firmados entre el Ministerio de Defensa y estas entidades o bien impulsando la firma de nuevos convenios. 

En el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus municipios, nos encontramos con varias medidas que hubieran podido llevarse a cabo y, por causas desconocidas, no se han aplicado. Las citadas medidas son la reserva de plazas en los Bomberos provinciales de Huesca y la valoración como mérito del tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas como militar profesional de tropa y marinería.

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